jueves, junio 13
“Ayuntamiento

Proponen que recortes a programas sociales que beneficien a la mujer sea considerado como violencia institucional

El Diputado César Adrián González García, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, con el objeto de ampliar el concepto de violencia institucional.
En su exposición de motivos, el Legislador del Partido Verde, subrayó que el Estado tiene el compromiso y la obligación de garantizar la protección de la vida y libertad de las mujeres, la igualdad de género y la no discriminación.
Y para fortalecer y respaldar el desarrollo de las políticas sociales encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres -dijo- es necesario que existan programas de igualdad de género, programas encaminados al empoderamiento económico social, programas que combatan la desigualdad, los estereotipos y promuevan la equidad, respeto y valoración de la mujer.
“Es por ello que, debemos tomar acciones que no dejen al libre arbitrio de algunos cuantos, la continuidad y existencia de estos programas sociales implementados para garantizar los derechos de las mujeres”, agregó.
Por tales motivos, Adrián González propuso reformar el artículo 12 de la Ley en comento, para quedar con como sigue: se considerará violencia institucional el hecho de realizar sin la debida justificación recortes presupuestales o la eliminación de programas sociales cuyas beneficiarias sean mujeres y que estos programas tengan por objeto atender la prevención y erradicación de la violencia, brindar servicios de salud y otorgar algún tipo de apoyo económico.
Al motivar su iniciativa, también expuso que, las numerosas formas y manifestaciones de la violencia y las diferentes experiencias de violencia sufridas por las mujeres, apuntan a la intersección entre la subordinación basada en el género y otras formas de subordinación experimentadas por las mujeres en contextos específicos.
Refirió que los actos de violencia institucional, están asociados con el ámbito de la procuración de justicia, donde se engloban todas las acciones gubernamentales destinadas a la prevención, regulación o atención de casos de violencia hacia las mujeres.
Puntualizó que, las y los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre otras causas cuando: obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; y no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado.