Tras ser revelado un audio de la coordinadora de la Secretaria de Bienestar en Baja California, Valeria Oseguera, en donde condicionaba el apoyo ya que tanto ella como su superior Jerárquico Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, apoyan a Adán Augusto López, ya que la líder a la que amenazó con retirarle los apoyos ya que ella apoya a distinta “corcholata”, solo muestra la punta del “iceberg” de la entrega de apoyos sociales que de manera sesgada se entregan a los “liderazgos comunitarios” a cambio de apoyo en los comicios electorales que se aproximan, refirió Lupita Gutiérrez Fregozo, Presidenta Estatal del PRI en el Estado de Baja California.
Por lo que dando cause a dicha denuncia de los medios, la Gobernadora ordena que se le despida inmediatamente, y; además, ordena una investigación por parte de la Secretaria de Honestidad, respecto a la actuación de ella, así como de otros servidores públicos, para que de encontrar más “actos de este tipo” se les sancione, lo cual es lo mínimo que debe de realizarse al haberse expuesto esta modalidad de “coerción” interna de Morena.
También de la misma manera salió el Secretario del Bienestar Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, quien como buen Jefe y (para no variar, así como Alejandra Ang con el tema de los 3 millones de pesos), Negó de manera rotunda y contundente que él no había girado dicha instrucción, y que, a la instrucción de Morena, había renunciado a la coordinación del Aspirante Adán Augusto López.
Lo que en ningún momento vimos de parte de ninguna Autoridad es que: El condicionar apoyos para obtener un beneficio es un delito electoral, por lo que he dado instrucciones al Lic. Joel Abraham Blas Ramos, para que inicie una denuncia ante la Fiscalía especializada en Delitos Electorales y se le investigue y sanciones a los que resulten responsables de cometer ilícitos en contra de la Ley.
Para finalizar Lupita Gutiérrez Fregozo, recomienda a las autoridades que se abstengan de seguir condicionando los apoyos que deben llegar a los más necesitados, que es una vergüenza lucrar y amenazar con retirar los apoyos debido a sus necesidades. Esto ya no debería de seguir pasando, ni en Tijuana, ni en el Estado, y nunca más en México.