jueves, noviembre 30

Va estado contra bonillistas por irregularidades en compra de medicamentos

El gobierno de Baja California avanza en la investigación y sanción por casos de corrupción con la encomienda de mantener a la honestidad como una piedra angular del servicio público, por lo que se han presentado al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de medicamentos con sobre precio así como en la adquisición de lavamanos y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y 2021.

Durante la octogésima edición del “Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar”, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informaron que actualmente están siendo investigados funcionarios de la pasada administración, destacando los casos de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N” que desempeñaban funciones en el área de la salud. Contra ellos pesan por lo menos ocho denuncias por diversas conductas criminales.

En el caso particular de Alonso Óscar “N”, el funcionario estatal dio cuenta de que está siendo investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas.

No obstante, Pon Méndez agregó que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, y aseguró que se informará puntualmente a la sociedad de dichas determinaciones, mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.

En ese sentido, la gobernadora Marina del Pilar destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del Estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.

“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, abundó.

Resultado de las acciones implementadas, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.

Se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Se da cuenta también de 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el que determine las sanciones.

La secretaria Rosina del Villar agregó que la dependencia a su cargo impulsa la participación de la ciudadanía en estas acciones, a través de las contralorías sociales, donde no solamente son testigos de la atención a las denuncias que se han presentado, sino que además han tenido la oportunidad de denunciar las irregularidades que se han registrado en las obras y en los programas sociales.